¿Qué pasó la semana pasada en Venezuela?
De vuelta a México
Tras una suspensión de 13 meses, el chavismo y la oposición retomaron las negociaciones en México. Ambas delegaciones firmaron un Acuerdo Social para invertir alrededor de $3.000 millones –sin usar explícitamente el término “ayuda humanitaria”– en educación, ayuda alimentaria, salud, electricidad e infraestructura en Venezuela. Los fondos serán administrados por Naciones Unidas –no por el chavismo ni la oposición– y supervisados por un Comité integrado por 5 miembros del chavismo, 5 miembros de la oposición y un representante de Noruega: el país mediador. La oposición espera lograr “acuerdos reales y tangibles” en materia de elecciones libres, derechos humanos, respeto al estado de derecho y reinstitucionalización.
El chavismo también logró incluir a Camilla Fabri, la esposa italiana de Alex Saab: un empresario colombiano acusado por Estados Unidos de lavado de dinero y ayudar al gobierno de Nicolás Maduro a evadir las sanciones y que fue extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde en 2021, lo que llevó a la suspensión por parte del chavismo de la primera ronda de negociaciones en México. Si bien Fabri salió de Italia tras ser acusada por lavado de dinero, la delegación chavista se refirió a ella como una “defensora de los derechos humanos”.
Inmediatamente después de la firma del Acuerdo, Estados Unidos emitió una nueva licencia para el gigante petrolero Chevron: si bien le permite explotar y exportar petróleo a Estados Unidos, le prohíbe pagar dividendos a PDVSA o regalías e impuestos al gobierno venezolano. También prohíbe a Chevron abrir nuevos campos petroleros o trabajar con empresas con propietarios o participación de entidades ubicadas en Rusia. Si bien la nueva licencia podría duplicar la producción de barriles de petróleo en los campos de Chevron y traer algunos beneficios económicos, todavía es bastante limitada y está condicionada por nuevos acuerdos políticos en México.
Alimentando a Venezuela
El director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas visitó Venezuela por tercera vez desde que el país firmó un acuerdo con el PMA en abril de 2021. El programa espera cubrir a 1,5 millones de niños y personal de instituciones educativas para fines del año escolar 2022-2023. El programa actualmente beneficia a 430,000 personas, opera en 8 estados y espera expandirse para atender a un millón de niños en 2023, además de incluir temas sobre desarrollo y resiliencia. Asimismo, la Unión Europea también destinará 30 millones de euros a la ayuda alimentaria.
La crisis de los servicios
José Vielma Mora, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para el estado Nueva Esparta, anunció el fin del racionamiento eléctrico en la entidad: en algunas zonas llegó incluso a 16 horas sin luz. Mora no ocupa ningún cargo público en el estado.
Y aunque las colas de gasolina han desaparecido en Táchira por el fin del combustible subsidiado, el estado pasó el fin de semana pasado sin gasolina porque las lluvias inundaron las carreteras del Zulia imposibilitando el paso de camiones cisterna de gasolina y diésel.
ELN en Caracas
Las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) –grupo guerrillero marxista de Colombia– se reanudaron este lunes en el Hotel Humboldt, en lo alto del cerro Ávila en Caracas. La delegación colombiana incluirá a un dirigente sindical de derecha cercano al uribismo. Se suspendieron órdenes de aprehensión contra negociadores del ELN para iniciar el proceso. Mientras tanto, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de la oposición de 2015 condenó la falta de víctimas venezolanas del ELN en los diálogos de paz en Caracas (el expresidente colombiano Iván Duque también criticó la falta de víctimas colombianas). La Comisión exigió la liberación de Javier Tarazona –un preso político venezolano que lideró Fundaredes, una ONG que denuncia la presencia de guerrillas en la Venezuela de Maduro– como un gesto de buena voluntad.
Vigilando los vigilantes
La Corte Penal Internacional rechazó el pedido de Venezuela de impedir que las víctimas presenten denuncias directamente. Pero le dio al gobierno venezolano hasta el 28 de febrero para rebatir los argumentos del fiscal Karim Khan y demostrar que efectivamente están investigando presuntos crímenes de lesa humanidad.
Mientras tanto, en Venezuela, un tribunal declaró inocente al Guardia Nacional acusado de golpear y herir con balas de goma a un joven que salía de su trabajo en Los Altos Mirandinos cerca de Caracas en 2014. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello dijo que la decisión "acentúa la impunidad”. Mientras tanto, el fiscal general Tarek William Saab dice que 771 de los 1617 funcionarios acusados de violar los derechos humanos están ahora en prisión.
El Defensor del Pueblo también se comprometió a impulsar la reforma o derogación del artículo del Código de Justicia Militar que encarcela a los funcionarios que cometan “actos contra natura” luego de que activistas LGBTQ+ se encadenaron durante días frente a su oficina.
No Country for Old Men
Convite, una ONG de derechos sociales, difundió un informe que dice que el 12% de la población venezolana tiene más de 60 años y el 22% de los adultos mayores no tiene acceso a los servicios de salud. La pensión anual es en promedio de 10 dólares, lo que crea una disyuntiva entre comprar alimentos o medicamentos. Según el informe, el 73% de los adultos mayores en Venezuela dependen de la ayuda de un tercero (48% recibe ayuda de sus familiares y 25% se sustenta con remesas de la diáspora). “Si cae la ayuda de ese tercero, el adulto mayor se viene abajo”, dijo el director de la ONG.
La cuestión de las empresas públicas
Una asociación de trabajadores de empresas estatales de Guayana asegura que entre enero y octubre de 2022 se han registrado 85 accidentes en CVG Venalum, la empresa de aluminio, por falta de material de seguridad. Un trabajador incluso perdió un ojo.
CANTV, la empresa de telefonía e internet de Venezuela, puso a la venta otro millón de acciones Clase D. Si bien la empresa –antes propiedad de Verizon– fue nacionalizada por Chávez, la operación actual se centrará en los antiguos accionistas de la empresa antes de su nacionalización y en los trabajadores activos y jubilados, además de buscar nuevos inversionistas. Los antiguos accionistas y trabajadores tuvieron la primera opción de compra a mediados de noviembre.
El camino a las primarias
Antonio Ecarri –quien encabeza un partido que nominalmente se opone tanto al chavismo como a la oposición mayoritaria– se niega a participar en las primarias de la Plataforma Unitaria y asegura, sin pruebas, que fueron “negociadas” con el gobierno de Maduro para escoger al candidato más “dinosaurio”. Dice que "MUD [el nombre de la anterior coalición opositora] no es la solución".
La Comisión de Gobernabilidad de la Plataforma Unitaria dijo que los precandidatos deben suscribir dos acuerdos: uno programático y otro de gobernabilidad, que consiste en establecer consensos previos sobre democratización y reinstitucionalización. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, también anunció que tentativamente planean realizar las primarias a fines de junio de 2023 y esperan que las postulaciones de candidatos se presenten alrededor de marzo del próximo año.
Carlos Ocariz considera que en las primarias se debería permitir la participación de "alacranes" (candidatos opositores acusados de ser cooptados por el chavismo) y políticos inhabilitados por el régimen: "Nosotros no somos jueces ni nada. Que la gente decida con su voto. Si usted decide no participar, entonces se le ven las costuras”.
Postales de la Diáspora
La semana pasada el gobierno colombiano empezó a entregar 40.000 Estatutos de Protección Temporal a inmigrantes venezolanos. Con el EPT podrán acceder a servicios de salud, educación y permisos de trabajo. Mientras tanto, acercándose la fecha de suspensión del Título 42 en Estados Unidos, las autoridades mexicanas localizaron a 4.968 migrantes venezolanos en tránsito irregular en tan solo cuatro días.
EE.UU. prepara un "plan integral" para tramitar el asilo de venezolanos una vez que se anule el Título 42. Aplicarán el Título 8, que exige seguir las normas sobre las solicitudes de asilo. “Las personas que no califiquen serán deportadas”, dijo un funcionario.
Y según un estudio de la OIM y otras organizaciones, la inmigración venezolana ha invertido $1800M en Panamá en la última década y aportará $203M al fisco panameño a través de impuestos este año.
Mientras tanto, una Comisión de la Asamblea Nacional 2020 del chavismo asegura que la crisis migratoria venezolana fue provocada por una campaña mediática “basada en la neurociencia”. También clasificaron la migración como un "arma injerencista y desestabilizadora" basada en emociones inducidas "al cerebro reptiliano". ¡Ay!
¿Salvarán los activos?
La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional del 2015 de la oposición también aprobó un crédito adicional para continuar con la defensa de Venezuela en el caso ConocoPhillips: la petrolera demandó a Venezuela por la expropiación de sus propiedades en el país y podría tomar a Citgo, propiedad de PDVSA, para cobrar el arbitraje. Mientras tanto, la Corte de Apelaciones de Nueva York acordó revisar si la ley venezolana aplica a los bonos PDVSA 2020 -aprobados por el gobierno de Maduro en 2016 sin aprobación de la Asamblea Nacional de 2015 y con el 51% de las acciones de Citgo como garantía. Si el tribunal declara que se aplica la ley venezolana, la oposición podría anular los bonos porque fueron aprobados sin la Asamblea Nacional.
Recomendaciones
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Entrevisté a Andrés Eloy Blanco Jr., hijo del célebre poeta y político: es un viaje íntimo en el tiempo hasta la muerte del poeta, el exilio adeco bajo Pérez Jiménez, el encuentro con gigantes que definiría la segunda mitad del siglo XX venezolano y los albores de la democracia venezolana.