¿Qué pasó la semana pasada en Venezuela?
Más detenciones por corrupción, Petro al rescate y la CPI responde.
La purga continúa
El jueves, el SEBIN y la Policía Anticorrupción tomaron los alrededores de la sede de la empresa estatal de minería y recursos naturales Corporación Venezolana de Guayana. Detuvieron al menos a seis miembros de la junta, incluido su presidente Pedro Maldonado. Fuerzas policiales también arrestaron a Néstor Astudillo –presidente de la estatal siderúrgica Sidor– y Jackeline Perico, directora de producción de la Faja del Orinoco de PDVSA. Según el Fiscal General Tarek W. Saab, hay ya 42 detenidos por la trama de corrupción de PDVSA: nueve de ellos relacionados con la CVG.
Mientras tanto, el gobierno mostró la primera tanda de detenidos vestidos con trajes naranjas y caminando en fila para ser presentados ante el tribunal. El Ministerio Público solicitó privativas de libertad y el tribunal se la concedió. Nicolás Maduro dijo que los detenidos “ya están hablando” y que el Estado “se ha logrado capturar una parte de las riquezas, mansiones dónde hacían orgías (…), por aquí y por allá, en el Country Club, donde hacían orgías terribles.” Un video de Johana Torres, una de las detenidas, muestra su lujoso apartamento en Dubái y a la mujer sosteniendo una bolsa llena de lingotes de oro.
Tras la renuncia de Tareck El Aissami como ministro de Petróleo a principios de la semana pasada, Maduro también suspendió el comité de reestructuración que había creado en 2020 para que El Aissami supervisara la industria. Todo el poder ahora está en Pedro Tellechea, quien controla el Ministerio del Petróleo, PDVSA y Pequiven.
El Fiscal General Tarek W. Saab dijo que Álvaro Pulido, un empresario colombiano radicado en Caracas y presunto socio de Alex Saab, fue allanado por las fuerzas de seguridad. Estados Unidos ofrece $10 millones por información que conduzca a su arresto. Pero EE.UU. también levantó la sanción individual a Adrián Perdomo Mata, presidente de Minerven y presunto socio de Alex Saab y Pulido. Según el exvicepresidente colombiano Francisco Santos, la sanción se levantó porque Perdomo Mata colaboró con las autoridades estadounidenses.
Según fuentes de Reuters, PDVSA está revisando las cuentas de Maroil Trading, propiedad del magnate naviero venezolano Wilmer Ruperti, por las deudas pendientes del suministro de coque de petróleo. La empresa le debe a PDVSA $423,7 millones, según un resumen de cuentas por cobrar comerciales que data de enero de 2020. El martes, Ruperti dijo que el informe era “100% incorrecta” sin abordar ningún detalle en un programa en su canal de televisión.
Otro exejecutivo de PDVSA, Álvaro Ledo Nass, se declaró culpable en un tribunal de Florida por recibir más de $11 millones en sobornos.
También, la Asamblea Nacional del 2020 -dominada por el chavismo- aprobó la Ley de Extinción de Dominio para confiscar bienes de personas vinculadas con corrupción en Venezuela. Sin embargo, comentaristas anti-chavistas han criticado la ley, alegando que podría ser usada arbitrariamente para confiscar bienes de opositores y activistas. Mientras tanto, dos exgerentes de PDVSA -detenidos en 2021 por divulgar información sobre corrupción en la empresa- fueron liberados.
Hablando de corrupción ligada a PDVSA: un grupo de personas con ferreterías denunció a Juan Rodríguez, ex candidato a alcalde del PSUV, por no pagar los materiales, herramientas y mano de obra para la creación de una escultura gigante del Cacique Guaicaipuro en la carretera. La supuesta deuda asciende a $150.000. El proyecto –asignado por PDVSA a otra empresa– tuvo un asombroso presupuesto para los murales, caciques y pinturas fue de $2.103.693.
¿Y qué pasó con algunos de los vehículos incautados en la investigación? Fueron entregados a la Policía Nacional Bolivariana. “Otro asunto es que la confiscación de bienes se debe producir tras sentencia definitivamente firme”, dice el abogado Daniel Betancourt, “Luego, una vez trasladada la titularidad del Estado, se asignan a la Oficina de Bienes Públicos la cual debe decidir el destino.”
¿Ahora qué?
Bloomberg informó que el gobierno de Maduro planea posponer el plazo para el pago de $60 mil millones en deuda en mora y evitar más juicios de acreedores. Sin embargo, la Administración Biden no reconoce a nadie como presidente legítimo de Venezuela, dejando un vacío diplomático que complica los asuntos legales. Los tenedores de bonos necesitarían que los líderes estadounidenses y la Asamblea Nacional de la oposición de 2015 apoyen la suspensión de la ley de prescripción.
Mientras tanto, un juez de EE. UU. otorgó a cuatro empresas el derecho a embargar acciones de Citgo, controlada por la oposición y propiedad de PDVSA, para cobrar las deudas de Venezuela, en caso de que se modifiquen las protecciones de EE.UU. –relacionadas con las sanciones– a Citgo.
Monos muertos y árboles quemados
Trabajador maderero denuncia que incendio en el bosque Uverito arrasó con 30.000 hectáreas: dijo que en 2023 no habrá plantaciones de pino caribe y que en cuatro años la empresa Mavetur solo sembró 19.600 hectáreas (menos de lo que se quemó).
También, el domingo 26 de marzo, un ataque de abejas en el Parque del Este en Caracas mató a 11 de los 12 monos capuchinos que se encontraban en el lugar después de que unos niños tumbaran un panal.
¿Una nueva ronda de diálogo?
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a “una conferencia internacional con el objetivo de construir la hoja de ruta que permita el dialogo político efectivo de la sociedad y el gobierno Venezolano”. Según fuentes diplomáticas, la conferencia no pretende ser un nuevo proceso de negociación, sino que busca que las partes regresen a las negociaciones de México para asegurar la liberación de los presos políticos y elecciones libres y justas en 2024 a cambio del levantamiento de las sanciones.
Según Stalin González, miembro de la delegación de la Plataforma Unitaria en México, las partes en conflicto no serán invitadas. En su lugar, asistirán los cancilleres de los países vecinos, Estados Unidos y Europa. Estados Unidos dice que está dispuesto a participar en la conferencia. Según González, la conferencia en Colombia tentativamente se va a realizar después de Semana Santa.
González también dijo que “sin dar fechas, creo que estamos a la puerta” de desbloquear los fondos congelados del Acuerdo Parcial de Protección Social pactado en noviembre en México. Se espera que una vez descongelados estos fondos se reinicien las negociaciones en México.
Mientras tanto, Leopoldo López –hablando en el Senado de Estados Unidos– pidió que las sanciones sean “repensadas” y “profundizadas” como un medio para un fin. Maduro dijo que espera que algún día las “ratas sucias como Leopoldo López estarán tras las rejas”.
López también dijo la destitución de Juan Guaidó como presidente interino dejando un vacío de liderazgo, ha hecho “imposible” el pago de la representación legal para defender las decenas de demandas multimillonarias que enfrenta Venezuela en Estados Unidos. La oposición, que dependía de las cuentas del Gobierno venezolano congeladas –de $347 millones, antes controladas por el gobierno interino de Guaidó– por las sanciones de EE.UU. para financiar sus operaciones, no ha recibido una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro para acceder a los fondos.
De vuelta en Venezuela, el precandidato opositor Henrique Capriles continuó su gira para las primarias por la fracción oriental del Zulia y la precandidata opositora María Corina Machado hizo lo mismo en el estado Bolívar. Ambos levantaron multitudes significativas pero marcadas por la presencia partidista. Machado atrajo multitudes en Upata, donde fue fisicamente agredida en 2018 por simpatizantes del oficialismo. Hablando de… simpatizantes del oficialismo trataron de evitar la marcha de Delsa Solórzano, precandidata de Encuentro Ciudadano, por Catia La Mar.
El domingo, Juan Guaidó advirtió que el gobierno de Maduro estaría preparando una orden de captura en su contra.
La Corte responde
El fiscal de la Corte Penal Internacional respondió a las observaciones sobre la investigación presentadas por el gobierno venezolano por medio de un documento de 22 páginas. Criticó las investigaciones del estado venezolano por centrarse “exclusivamente en oficiales de bajo rango y aparentemente perpetradores físicos, y los crímenes se enmarcaron en términos de ‘casos aislados’ sin ninguna investigación sobre patrones más amplios de conducta o política subyacente”. También dijo que hay base para creer que hay “un ataque contra una población civil en cumplimiento o en apoyo de una política de Estado; que este ataque fue al menos sistemático y dirigido a opositores reales o percibidos del Gobierno de Venezuela y que la política para atacar a esta parte de la población fue alentado como mínimo o aprobado por el Gobierno de Venezuela, y llevado a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad específicas del Estado con la posible asistencia de grupos progubernamentales”.
“No hay bloqueo, es saqueo”
Docentes y empleados del sector público continuaron protestando esta semana en todo el país, pidiendo mejores salarios y condiciones laborales. El martes, un grupo protestó frente a la sede de PDVSA en Maracaibo y otro frente al Ministerio de Educación en Caracas, coreando “¡No hay bloqueo, es un saqueo!”. El cántico hace referencia a la corrupción gubernamental y rechaza las narrativas chavistas que afirman que los salarios extremadamente bajos de Venezuela son el resultado de un bloqueo de Estados Unidos.
Mientras tanto, miembros de la tribu yukpa de la Sierra de Perijá denuncian que agentes de seguridad del Estado les impidieron marchar a Caracas con equipo antimotines y fueron retenidos en Valencia, estado Carabobo. Los yukpa, que se defendieron con arcos y flechas, pedían mejores servicios públicos en sus territorios.
El domingo, la policía de Anzoátegui detuvo a una activista por reclamar la falla de servicios en el acto de memoria y cuenta del alcalde del municipio Píritu.
¿Por qué tanto descontento? Según la firma de investigación y consultoría Ecoanalítica, el porcentaje de personas en Venezuela con salarios mensuales entre $0-100 pasó de 30% en julio a 53% en diciembre: un colapso de ingresos. Solo el 5% tiene salarios superiores a $1000.
El infierno del migrante
Siete venezolanos murieron -de unas 40 víctimas- en un incendio en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, México. Cinco más están gravemente heridos. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad de México, reconoció que en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez no se siguieron los protocolos de protección civil y que los encargados no “abrir una reja”, lo que provocó las muertes. “Claramente hay un delito grave” dijo.
Y según un informe de la ONG Mulier Venezuela, 1.390 mujeres venezolanas –entre ellas 284 niñas y adolescentes– fueron rescatadas de redes de trata en diferentes países. Es el número más alto desde que comenzó el monitoreo en 2019.
El tweet
Recomendaciones
En el chavismo disidente, el exministro chavista Andrés Izarra escribe sobre la fractura del voto chavista entre disidentes y maduristas: “Esto es lo que ocurre con Nicolás Maduro, cuyas políticas y práctica ética resultan tan contrarias al proyecto chavista que la polarización opera hacia lo interno, fracturando el ‘voto duro’ chavista (…) La sociología del voto demuestra que el ‘votante desencantado’ se abstiene de participar en el proceso electoral siguiente a su desilusión, para luego votar en contra en los procesos subsiguientes.”
“Aumentar el flujo de apoyo humanitario hacia Venezuela es un asunto urgente.
Es fundamental no solo resaltar el sufrimiento de los venezolanos dentro del país,
sino también para reducir las presiones migratorias que afectan profundamente a los vecinos de Venezuela y a los Estados Unidos”, dice (en inglés) un reporte del Wilson Center sobre superar las barreras a la ayuda humanitaria, “Hay dos restricciones principales que inhiben la entrada de la ayuda humanitaria: el gobierno autoritario de Venezuela y el sobre-cumplimiento de las sanciones financieras, sectoriales y secundarias de EE.UU.”
“Salvo un milagro en los próximos años, las esperanzas de justicia por los crímenes de lesa humanidad descansan en La Haya en lugar de Caracas, pero los defensores de los derechos humanos de Venezuela son, sin duda, la columna vertebral de esta búsqueda”, escribe (en inglés) Gastón Calcerrada en Caracas Chronicles, "Argentina es una excepción notable, pero los autoritarios a menudo obtienen beneficios, protecciones y garantías de no enjuiciamiento cuando están listos para dejar el cargo; solo mira qué tan bien les estaba yendo a las élites de Pinochet y Stroessner en las décadas de 1990 y 2000".