¿Qué pasó la semana pasada en Venezuela? 📞 Escándalo en Movistar
Alerta roja para Edmundo, arrancan las ZEEs y una abogada chavista castigada por el TSJ.
Alerta roja para Edmundo
El Ministerio Público de Venezuela publicó una solicitud una alerta roja de Interpol contra el líder opositor Edmundo González Urrutia, acusándolo de "usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes y asociación", entre otros delitos. Interpol recordó posteriormente que las reglas de la agencia policial internacional prohíben que sus mecanismos sean utilizados por razones políticas.
¿Arrancan las Zonas Económicas Especiales?
Venezuela e Irán formalizaron un acuerdo para la instalación de la primera fábrica de fibra óptica en el país, ubicada la Zona Económica Especial de La Guaira creada en 2023. Pareciese ser la primera inversión en una de las nuevas ZEE de Venezuela. Según informó el gobernador de La Guaira (antes Vargas), José Alejandro Terán, este acuerdo podría marcar el inicio de los trabajos de adecuación del Centro de Inversión situado en la antigua almacenadora Caracas de Catia la Mar.
Mientras tanto, la vicepresidenta y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, se reunió con representantes de TPAO, la compañía petrolera nacional de Turquía. Según el comunicado oficial, discutieron la cooperación en materia de petróleo y gas y los efectos de las sanciones.
Otra toma de una cárcel
El ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, anunció la toma de la cárcel de El Dorado, ubicada en el estado Bolívar, donde fueron incautadas armas de fuego, drogas y equipos de comunicación. Entre las armas confiscadas se encontraron dos fusiles, dos escopetas y armas automáticas, además de más de 400 teléfonos celulares, antenas de internet satelital, routers, bebidas alcohólicas y un significativo alijo de drogas. García Zerpa señaló a las bandas El Tren de Aragua y el Tren del Llano como responsables de introducir armas en las cárceles y buscar el control del complejo penitenciario de El Dorado.
La OFAC extiende dos licencias generales
La OFAC de Estados Unidos extendió la vigencia de dos licencias generales (GL5 y GL8) hasta marzo y mayo, respectivamente. No se ha producido ningún cambio significativo en la política actual de sanciones petroleras, salvo en el caso de la GL5.
La licencia GL5 fue emitida en 2019 durante el gobierno de Donald Trump, con el objetivo de impedir que los tenedores de los Bonos PDVSA 2020 tomaran control de las acciones de Citgo Holding. Esta licencia fue inicialmente por tres meses y se ha renovado desde entonces por períodos cortos. En esta ocasión, la renovación de la GL5 se extendió hasta el 7 de marzo de 2025, es decir, casi cuatro meses. Este período más largo proporcionará tiempo suficiente para que la nueva administración Trump decida el curso de acción respecto a la GL5. Sin embargo, los Bonos 2020 continúan en litigio en Nueva York.
La siguiente decisión importante será el 1 de diciembre, cuando se deba renovar la licencia de Chevron por seis meses. Salvo una decisión contraria por parte de la OFAC, la renovación de la licencia se hará de forma automática.
También, la cancillería de Venezuela felicitó a Donald Trump por su triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, afirmando que Venezuela siempre estará dispuesta a mantener “buenas relaciones con los gobiernos estadounidenses”. Posteriormente, Nicolás Maduro afirmó que veía a “mucha gente nerviosa y sé de mucha gente nerviosa tratando de llegar para que Trump se venga contra Venezuela y nos ataque. Calma y cordura. Nervios de acero”.
Petro sube el tono
El presidente colombiano Gustavo Petro reveló que el gobierno de Maduro, a través de su ministro de industrias Álex Saab, avanza con una maniobra para vender la empresa colombo-venezolana Monómeros. En una carta pública a Maduro, Petro expresó el rechazo de Colombia a esta operación: “Me opongo integralmente a una privatización de la empresa Monómeros localizada en Barranquilla”, dijo, “La agricultura en Colombia y Venezuela es piedra angular para transitar de un sistema de economía extractivista a un sistema productivo que genere riqueza”.
Ring, ring
El mayor operador de telecomunicaciones de España, Teléfonica, pagará más de $85 millones de dólares para resolver una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre un plan para sobornar a funcionarios venezolanos en 2014. El dinero obtenido con el soborno de Telefónica, cuya fililial venezolana es Movistar, se utilizó para financiar unas vacaciones de 500.000 dólares para uno de los funcionarios venezolanos en Saint Barts. Durante su estancia, se gastaron otros 605.000 dólares en relojes y joyas de lujo para el funcionario y su cónyuge.
A cambio, Telefónica recibió más de $110 millones de dólares en subastas de divisas preferenciales durante los tiempos de estricto control cambiario. La cantidad representó alrededor del 65% de los 172 millones de dólares otorgados a las empresas de telecomunicaciones ese año, dijeron los fiscales en documentos presentados ante la corte en Manhattan.
Matando al mensajero
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible una acción de amparo interpuesta contra el Consejo Nacional Electoral por no publicar resultados desagregados de las elecciones del 28 de julio. La Sala suspendió a la abogada María Alejandra Díaz Marín, quien llevaba el caso y fue constituyente del chavismo en 2017. El TSJ también ordenó al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados que, de manera “perentoria”, comenzar un “procedimiento disciplinario” contra la abogada, con el fin de aplicar “la sanción que corresponda” de acuerdo a la “gravedad de los presentes hechos”. La respuesta punitiva contra Marín, del chavismo disidente, fue criticada por la oposición y parte del gremio del derecho.
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Un exitoso hackeo por parte de la CIA al sistema de nóminas militares de Venezuela, luchas internas por los recursos de la agencia de espionaje, choques entre las agencias de la administración Trump y una confusa política de oposición: una investigación de WIRED revela un intento secreto de la primera administración Trump para derrocar a Maduro en 2019.