¿Qué pasó la semana pasada en Venezuela? 🥵 El TSJ ratificó la inhabilitación de María Corina
Ratificadas las inhabilitaciones de Machado y Capriles, el Acuerdo de Barbados al borde del colapso y empeora la ola represiva.
La implosión de Barbados
El viernes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció las decisiones sobre las inhabilitaciones apeladas por medio del mecanismo acordado en el Acuerdo de Barbados. Aunque se otorgan medidas de amparos cautelares –e incluso se desestimaron actos– a un grupo de políticos de oposición (Richard Mardo, Pablo Pérez, Leocenis García, Daniel Ceballos y Rosa de Scarano) que pasaron a estar habilitados, la inhabilitación del excandidato presidencial Henrique Capriles y la actual candidata de la oposición María Corina Machado fueron ratificadas. La inhabilitación del exalcalde Enzo Scarano también fue ratificada. “El régimen decidió acabar con los acuerdos de Barbados”, dijo Machado, “lo que no se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias”.
“A pesar de las amenazas graves de sectores de ultraderecha contra la paz de la República, se ha cumplido con el mecanismo establecido en el marco de los Acuerdos de Barbados”, dijo el jefe de la delegación de negociación del chavismo Jorge Rodríguez, “Elecciones en 2024, llueva, truene o relampaguee”. Es probable que el chavismo insista con que el Acuerdo sigue en pie, cumpliendo como puntos como misiones internacionales de observaciones o un cronograma electoral.
La ratificación de las inhabilitaciones sigue a una nueva ola represiva contra la oposición y la sociedad civil organizada. Tras el anuncio de Nicolás Maduro de la creación de Furia Bolivariana, un “plan cívico-militar-policial” para “enfrentar conspiraciones”, las sedes de al menos siete partidos políticos y varias asociaciones civiles fueron vandalizadas la mañana del 23 de enero. Estas incluyen la sede principal de Vente y alrededor de seis sedes locales, casas de activistas regionales de la oposición, la sede de la ONG FundaREDES, al menos tres colegios de ingenieros y las sedes regionales de Primero Justicia, Voluntad Popular, Encuentro Ciudadano, Copei, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.
También fueron detenidos tres coordinadores regionales y un activista de Vente, el partido de Machado, en Vargas, Trujillo y Yaracuy. La semana previa también fue detenido en Barinas un afiliado a Vente y dirigente sindical.
La campaña de intimidación ocurrió un día después de que la Fuerza Armada (FANB) denunciara un presunto plan golpista denominado “Brazalete Blanco” y emitiera órdenes de aprehensión contra un grupo que incluye a la activista de derechos humanos Tamara Suju y a la periodista Sebastiana Barráez. El gobierno también detuvo a un ex oficial en Táchira, quien “confesó” ante la cámara, y presuntamente a otras 31 personas involucradas en cinco conspiraciones. Posteriormente, la FANB anunció la expulsión de 33 miembros y el Fiscal General Tarek W. Saab acusó a los miembros de Vente arrestados de formar parte de una operación “terrorista”.
Pese a las amenazas y una contra manifestación chavista en la misma zona, María Corina Machado siguió adelante con su concentración en Altamira en Caracas, que luego tuvo que trasladarse a La Castellana, para conmemorar el 23 de enero -Día de la Democracia en Venezuela- y presentar la Gran Alianza Nacional (GANA) que reunirá a asociaciones, organizaciones y partidos de cara a las elecciones de este año.
El fiscal Renny Amundaraín y el ex defensor público Adys Salcedo, ambos acusados por grupos de derechos humanos de formar parte previamente del aparato represivo del estado, también fueron arrestados por presunta vinculación con “delicuencia organizada”.
Ante las acusaciones de magnicidio, una entre más de sesenta que el chavismo ha hecho en 25 años, Rodríguez dijo que va “a entregar a Gerardo Blyde todas las pruebas de estas conspiraciones y me voy a sentar a esperar cuál va a ser la posición de las ocho personas que firmaron el acuerdo (de Barbados)”. También aseguró que “no hay forma de que esta mujer (Machado) sea candidata a nada en ninguna elección (…) con sanciones o sin sanciones, con oposiciones o sin oposiciones” y aseguró que Maduro será el candidato de la oposición en 2024. Maduro, por su parte, dijo que “hoy los acuerdos de Barbados están heridos de muerte. Los declaro en terapia intensiva. Los apuñalearon. Los patearon (…) ojalá podamos salvar los acuerdos de Barbados y empujar, a través del diálogo, grandes acuerdos de consensos nacionales”.
Mientras tanto, embajadores y representantes diplomáticos de la Unión Europa (UE) se reunieron con representantes del gobierno y de la oposición para revisar la implementación del acuerdo de Barbados. La reuniones incluyeron a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge. Los representantes europeos expresaron “su apoyo al proceso de diálogo hacia unas elecciones justas, transparentes y competitivas para el 2024. Así mismo, reiteraron su respaldo firme a la implementación de los Acuerdos de Barbados, y su disposición para intercambiar con las autoridades acerca de la organización de una misión de observación electoral europea”, según una rueda de prensa de la UE. Estados Unidos, por su parte, dijo que “las acciones que sean contrarias al espíritu y la letra del Acuerdo de Barbados tendrán consecuencias. Exhortamos a Maduro y a sus representantes a que se atengan a lo establecido en el acuerdo”.
Un día después del comunicado de EEUU y las reuniones con los europeos, el TSJ procedió con la ratificación de las inhabilitaciones de Capriles y Machado.
Blyde, jefe negociador de la oposición, dijo que hubo una “violación” del Acuerdo y que la revisión de las inhabilitaciones de Machado y Capriles no tuvo el debido proceso. "Exigimos que la contraparte cumpla el acuerdo en toda su extensión, no es por pedacitos. Es un acuerdo integralmente diseñado. Y el cese de la escalada represiva", dijo Blyde, "Exigimos también que la decisión tomada ayer sea revertida por haber violado el procedimiento acordado."
Blyde también dijo que la Plataforma Unitaria de la oposición entregará una queja por escrito a Noruega, el país mediador y otros países acompañantes. También pidió a Lula, Emmanuel Macron y Gustavo Petro que hagan “todo lo que puedan” para salvar el Acuerdo. Estados Unidos también dijo que "revisará" sus políticas de sanciones.
Prosperi a la deriva
Mientras Fuerza Vecinal –partido ajeno a la Plataforma Unitaria que pidió la suspensión de la primaria– sigue perdiendo decenas de miembros, Carlos Prosperi denunció en un comunicado que fue “excluido” de Acción Democrática: partido del que fue precandidato en las primarias opositoras hasta que alzó denuncias sin sustento sobre un fraude antes de los resultados. Prosperi se autoproclamó “Militante Activo por la Reunificación” del partido, del cual critica “cúpulas” de Caracas y “monarcas”.
Crisis en la Venezuela profunda
La ONG ambientalista SOS Orinoco denunció epidemia de malaria en el Alto Orinoco afectando al menos 16 comunidades yanomami. Según la ONG, al menos 85 indigenas han fallecido. “La correlación entre malaria y minería es altísima”, dijo SOS Orinoco, “Y la minería inaceptable en el Alto Orinoco, impulsada por FANB, está desbordada”.
Mientras tanto, una encuesta de la ONG Fundaredes encontró que 34,9 % de los maestros de estados fronterizos van a dejar la escuela por los bajos salarios. Actualmente, los maestros de frontera ganan entre 6 y 15 dólares al mes, pagados en bolívares.
Justicia transnacional
El activista venezolano de derechos humanos Lorent Saleh ganó la demanda contra el estado colombiano. Fue detenido en Bogotá en 2014, luego de huir de la represión en Venezuela, y entregado a funcionarios del régimen de Maduro. Saleh fue apresado y torturado. Más al norte, senadores republicanos piden Senadores republicanos piden al Departamento de Justicia americano liberar los documentos de pruebas (grabaciones, reportes, entrevistas, etc) contra Alex Saab. En el pasado, un documento que estaba bajo sello demostró que Saab tuvo conversaciones con la DEA entre 2018 y 2019.
Menos deuda para PDVSA
Según datos de la OPEP y PDVSA, Venezuela cerró el 2023 con una producción de 783.000 bpd. La deuda de PDVSA cerró en $34.779 millones, una disminución de $336 millones en comparación al 2022. Mientras tanto, Horacio Velutini presidirá la nueva junta de la Bolsa de Valores de Caracas. Velutini pertenece a los optimistas anónimos, un grupo de empresarios del pre-chavismo que han tenido acercamientos al gobierno para promover la liberalización de la economía.
Recomendaciones
“Así, de manera contradictoria, el Acuerdo de Barbados reconoce la falta de garantías electorales en Venezuela pero trata el actual marco legal discrecional venezolano como el de una democracia liberal. Sus instituciones secuestradas por facciones beligerantes del chavismo, su uso repetido de los tribunales para pisotear resultados electorales desfavorables, se convierten en ‘procedimientos’ y ‘normas legales’”, escribo en mi nueva nota para Caracas Chronicles, “Pero la oposición tampoco debería desperdiciar la oportunidad que las elecciones podrían brindar, a pesar de la considerable asimetría de poder entre el régimen y la Plataforma Unitaria.”