¿Qué pasó la semana pasada en Venezuela? 💵 Ofensiva contra el dólar callejero
Detenidos administradores de portales de tasas de cambio, culmina la licencia de Chevron y acusan a ONG de terrorismo.
Política
¿“Electores activos” y Sainte-Laguë? Críticas al CNE por cifras de participación y asignación de curules
Tras nuevos anuncios del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las elecciones parlamentarias y regionales del pasado 25 de mayo, la alianza Capriles-Rosales (UNT-UNICA) logró apenas seis curules. Sus representantes incluyen a tres excandidatos y exprecandidatos presidenciales —Henrique Capriles, Henri Falcón y Pablo Pérez—, así como Stalin González, Tomás Guanipa y Luis Emilio Rondón.
La Alianza Democrática, conformada por partidos judicializados y críticados por otras facciones opositoras como “alacranes”, descendió de 18 a 8 escaños. Este grupo lo integran Bernabé Gutiérrez y José Gregorio Correa (AD intervenido), Luis Parra y José Brito (PJ intervenido), Juan Carlos Alvarado (COPEI intervenido), Luis Augusto Romero, el pastor evangélico Alfonso Campos y Timoteo Zambrano. Fuerza Vecinal, mientras tanto, logró dos curules con Félix Freites y David Uzcátegui, quien previamente había sido candidato a la gobernación de Miranda en 2021. En conjunto, los sectores nominalmente ‘opositores’ participantes suman alrededor de 5% de la nueva Asamblea, quedando reducidos a minorías sin capacidad de incidencia real en el debate legislativo.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo 256 escaños, equivalentes al 90% de los asientos en la Asamblea. Entre los nuevos diputados figura el veterano dirigente chavista Francisco Arias Cárdenas —exlíder del golpe del 4 de febrero de 1992 y alguna vez rival de Hugo Chávez—, quien regresa al legislativo tras su paso como embajador en México.
Además de los resultados, el proceso electoral ha sido objeto de críticas tanto por la forma en que se reportó la participación como por el método de adjudicación de curules. Expertos electorales como Eugenio Martínez cuestionaron el uso del concepto de “electores activos” por parte del CNE, calificándolo de "muy peligroso a futuro", ya que permitiría restringir la base de votantes habilitados en el referendo constitucional previsto para reformar el modelo de propiedad y la división político-territorial. Según Martínez, el CNE podría “intentar restringir la inscripción en el Registro Electoral y por ende el derecho a voto en el referendo solo a quienes participaron el 25M”.
En materia de adjudicación de escaños a la oposición de Capriles y Rosales, también se denunciaron irregularidades que podrían responder a adjudicaciones que no responden al resultado, el uso del método Sainte-Laguë en lugar del D’Hondt —contraviniendo la ley vigente— para beneficiar a estos sectores; y la utilización del artículo 17 de la LOPRE para asignar curules de lista a candidatos del PSUV, considerando la falta de publicación de bases de datos consolidadas de candidatos, que también ganaron en sus respectivos circuitos nominales.
Desde la oposición participante hubo lecturas contrapuestas sobre los resultados. Para Stalin González, “el abstencionismo logra una breve victoria simbólica al deslegitimar el proceso electoral, pero su impacto es efímero, ya que el gobierno consolida el control político al ganar casi todas las gobernaciones y la mayoría absoluta en el Parlamento por cuatro años”. En contraste, Juan Requesens asumió responsabilidad por la baja votación en Miranda: “Nosotros perdimos porque no logramos convencer a la gente y yo, Juan Requesens, asumo la responsabilidad de no haber podido convencer a nuestra gente de participar y de votar como instrumento para recuperar la Gobernación del estado”, afirmó.
Diosdado Cabello acusa a organizaciones de derechos humanos de vinculación con “terrorismo”
En declaraciones oficiales, el Ministro del Interior Diosdado Cabello afirmó que un grupo liderado por Juan Pablo Guanipa estaría detrás de un supuesto plan para "boicotear" los recientes comicios regionales y legislativos. Según el ministro, el plan contemplaba ataques contra residencias, embajadas de Colombia, España y Francia, y oficinas de la ONU en el país. Sin ofrecer evidencia, Cabello señaló directamente a las ONG Provea, Foro Penal, Médicos Unidos de Venezuela y Maracaibo Posible, acusándolas de participar en los presuntos actos. “No me importa si se autodenominan defensores de derechos humanos”, declaró.
Las organizaciones señaladas rechazaron de inmediato las acusaciones. Provea denunció que “esta criminalización busca desacreditar el trabajo de denuncia y acompañamiento a las víctimas en el país”. Por su parte, el think tank Laboratorio de Paz advirtió: “No conocemos precedente de una acusación como esta en Venezuela contra personas defensoras y organizaciones de derechos humanos”.
También, Catalina Ramos –coordinadora nacional de Asociaciones Ciudadanas de Vente Venezuela y expresidenta de la asociación de egresados de la Universidad Simón Bolívar– fue detenida el lunes por cuerpos de seguridad. Mientras tanto, la familia del exdiputado opositor Américo De Grazia, actualmente detenido, alertó sobre el agravamiento de su estado de salud, señalando que presenta un cuadro respiratorio activo de más de tres semanas, con manejo médico de bronquitis crónica de tipo alérgico. En paralelo, algunos casos han registrado avances judiciales. Jhonnel de Jesús Narváez Blanco, joven barbero detenido previamente, fue liberado bajo medida sustitutiva de libertad y régimen de presentación.
También, informó el medio argentino Infobae, María Alexandra Gómez García y su hijo Víctor Benjamín —familiares del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido por el gobierno venezolano— salieron de Venezuela hacia Argentina tras cruzar la frontera con Colombia con el apoyo de autoridades argentinas y activistas.
Economía
El gobierno lanza ofensiva contra “promotores” del dólar paralelo
Al menos 25 personas han sido detenidas en la última semana en Venezuela por operar páginas y cuentas que difundían el dólar paralelo, según reportó el diario oficialista Últimas Noticias. La ola de arrestos comenzó el 28 de mayo con la captura de Carlos Andrés Pérez Abreu, presunto administrador de Monitor Dólar, imputado por delitos como terrorismo, legitimación de capitales y asociación, según el fiscal general Tarek William Saab. Las detenciones —realizadas por la PNB en al menos nueve estados— incluyeron el decomiso de cheques de pago de Google por publicidad en los sitios web. Las autoridades acusan a los detenidos de gestionar 20 plataformas que difundían tasas no oficiales a través de Telegram, Instagram y otras redes. En paralelo, la plataforma de criptomonedas El Dorado cesó sus operaciones en el país, negando vínculos con la "especulación" cambiaria. La ofensiva ocurre mientras se amplía el diferencial entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.
Expiró la licencia de Chevron para explotar y exportar crudo venezolano
Tras reportes de posible extensión, licencia de la OFAC a Chevron para explotar y exportar crudo en Venezuela expiró el martes 27 de mayo. Aunque el Departamento del Tesoro otorgó posteriormente un permiso de mantenimiento mínimo, esta licencia no fue anunciada públicamente, rompiendo la transparencia que caracterizó las licencias a Chevron en las gestiones anteriores de las administraciones Trump I y Biden.
El fin de las operaciones plenas de Chevron implica un regreso forzado del crudo venezolano al mercado negro, con ventas bajo fuertes descuentos, operadores intermediarios y menor visibilidad financiera. Analistas anticipan un deterioro progresivo de la producción petrolera, agravado además por el actual nivel de precios internacionales: el barril de petróleo venezolano se encuentra en su punto más bajo de los últimos cuatro años. Las estimaciones preliminares apuntan a una caída de los ingresos petroleros de entre 30% y 45%.
Desde la oposición, Vente Venezuela insistió en su línea de presión máxima: "cortar todos los recursos al régimen, venga de donde venga", reiteró el partido liderado por María Corina Machado.
En paralelo, nuevos detalles han surgido sobre los intercambios recientes entre Caracas y Washington. Según reportó el New York Post, el enviado especial Richard Grenell había planeado presentar al rehén estadounidense Joseph St Clair, liberado en Antigua por el régimen venezolano, durante un acto junto al presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Sin embargo, el encuentro fue cancelado después de que salieran a la luz antecedentes criminales de St Clair en Estados Unidos. Además, según la publicación, la Casa Blanca no estaba plenamente informada de los detalles de las negociaciones manejadas por Grenell.
Extienden plazo para ofertas en subasta de matriz de Citgo en EE.UU.
Un juez federal de EE.UU. extendió hasta al menos el 2 de junio el plazo para presentar ofertas rivales en la subasta judicial de acciones de la matriz de Citgo Petroleum, filial de Venezuela, según un documento divulgado el martes pasado. La subasta busca compensar a 15 acreedores por deudas e indemnizaciones tras expropiaciones en Venezuela. El mes pasado, el juez Leonard Stark aprobó como oferta base los 3.700 millones de dólares propuestos por Red Tree Investments, afiliada de Contrarian Funds. Los abogados representando a Venezuela, nombrados por la oposición, solicitaron más tiempo para analizar demandas paralelas en otros tribunales estadounidenses que podrían influir en los montos o condiciones de las ofertas.
Cultura y sociedad
Venezuela se reincorpora a la ISO tras 15 años
Venezuela fue readmitida como miembro de la Organización Internacional de Normalización (ISO) tras haber estado excluida desde 2009. La ISO, un organismo internacional que agrupa a más de 160 países, desarrolla estándares técnicos globales que buscan garantizar la calidad, seguridad y eficiencia de productos, servicios y procesos, facilitando así el comercio internacional y la competitividad. Con su reincorporación, Venezuela podrá nuevamente participar en la elaboración de estas normas y alinear sus sectores productivos a estándares internacionales.
Se suspende el Festival de Cine Venezolano por primera vez en dos décadas tras denuncia judicial
Por primera vez en 20 años, el Festival de Cine Venezolano fue cancelado. Hasta ahora, los organizadores no han ofrecido información oficial sobre los motivos de la suspensión, aunque la decisión ocurre en medio de una disputa legal abierta. La cancelación se produce luego de que los productores de la película Hotel Houffer introdujeran una denuncia ante la Fiscalía contra la organización del festival y su presidenta Karina Gómez Franco por los presuntos delitos de "fraude, estafa e incitación al odio". Parte del equipo artístico de la película se deslindó públicamente de la demanda.
“Llevo 20 años haciendo un trabajo transparente, honorable y que tiene credibilidad en el cine nacional”, dijo Gómez Franco, “¿Qué voy a hacer? En este momento no tengo ni la más remota idea”.
También, por primera vez en Venezuela, iba a proyectarse el elogiado documental realizado por el portal Armando.info y PBS, conocido por sus investigaciones sobre casos de corrupción en el país. El evento, considerado uno de los principales espacios de exhibición y premiación del cine nacional, venía realizándose de forma ininterrumpida desde su fundación.
El contexto amplio
El 25 de mayo ratificó el dominio absoluto y preexistente del chavismo sobre el aparato estatal. Las distintas facciones dentro de la coalición gobernante mantienen el control de todas las instituciones, con o sin gobernadores opositores, y con o sin representación opositora en la Asamblea Nacional. La baja participación no altera esa ecuación: el sostén del sistema sigue asentado en la llamada “unión cívico-militar-policial perfecta”, una estructura de poder basada en la combinación de fuerza, recursos económicos y una minoría leal y organizada.
Por su parte, la oposición vuelve a enfrentar los límites estructurales de sus distintas estrategias. Los promotores de la abstención lograron una nueva “mayoría silenciosa”, pero siguen sin ofrecer un plan articulado que traduzca ese vacío electoral en un camino de presión política sostenida. La pregunta sobre el "día después" de cada ciclo de no-participación permanece abierta. Al otro extremo, los sectores que optaron por participar llegaron a los comicios sin una estrategia de movilización convincente, dependiendo de un fetichismo del voto y con liderazgos debilitados e impopulares, sin capacidad de acción clara. Más que generar una mea culpa, varios de estos dirigentes han recurrido a culpabilizar al electorado y al “abstencionismo” sin hacer una revisión profunda del fracaso de la coalición Capriles-Rosales.
El resultado es una parálisis de la conducción opositora. El dilema central del liderazgo opositor ahora no es únicamente votar o no votar, sino cómo articular una oferta política capaz de conectar con una ciudadanía que, tras años de frustración, solo responde cuando percibe una oportunidad real de cambio. La incapacidad de ambas estrategias –la abstención sin plan y la participación sin estrategia– refuerza la parálisis.
Sin embargo, Nicolás Maduro anunció la postergación para 2026 de la propuesta reforma constitucional, posiblemente ante la complejidad logística y política de un cambio de ese alcance en un momento en que la arquitectura organizacional del chavismo y la maquinaria electoral del PSUV muestra signos de debilitamiento. Sin embargo, en paralelo, continúa el cierre progresivo del espacio público de la sociedad civil organizada: tanto por el vencimiento de los plazos de implementación de la ley de fiscalización y regularización de las ONG –calificada por sus críticos como "ley anti-sociedad"– como por las recientes acusaciones de Diosdado Cabello que vinculan a organizaciones como Provea, Foro Penal y Médicos Unidos con presuntas actividades terroristas. La paralización de las actividades de la ONG humanitaria Alimenta la Solidaridad y otras ONG reflejan ese endurecimiento del margen de acción del tercer sector.