¿Qué ha pasado en Venezuela desde el 28 de julio? 🗳️🤬
Tras una elección contestada y un conflicto político agudizado, regresa Venezuela Weekly.
Las actas en el corazón de la crisis electoral
Tras los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) –declarando a Nicolás Maduro como presidente– y el rechazo de estos por parte de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia anunciaron la creación de una página web en la que se escanearon más del 83% de las actas entregadas por los testigos electorales de la coalición opositora. Según estos resultados –desglosados por estado, municipio y parroquia– Edmundo González Urrutia habría ganado, y en todos los estados, con al menos 67% de los votos. El gobierno de Maduro, mientras tanto, no ha publicado resultados desglosados y alega que el sistema electoral sufrió un ataque cibernético desde Macedonia del Norte. El CNE, además, retrasó varias veces el segundo boletín y no cumplió con varios de los procesos contemplados en el cronograma electoral. “Después de 7 días sin realizar la auditoria de telecomunicaciones, verificación fase II y sin información sobre el repliegue de actas originales, máquinas y pendrives, para cualquier auditor resultará evidente que está comprometida la cadena de custodia del material del CNE”, dijo el experto electoral Eugenio Martínez, quien también ha puesto en duda las afirmaciones de un ciberataque por la falta de auditoría de las telecomunicaciones y el silencio de las empresas que proveen las líneas encriptadas al CNE.
Mientras tanto, el gobierno ha recurrido al Tribunal Supremo de Justicia para realizar un “peritaje” de los resultados. Este domingo, el TSJ dijo haber concluido el proceso de peritaje técnico del "material de valor probatorio" consignado por el CNE, organizaciones políticas y excandidatos presidenciales. Nueve de diez candidatos y representantes de los 38 partidos que postularon a los aspirantes asistieron a la Corte durante el proceso pero González Urrutia descartó acudir, argumentando que se están desconociendo las atribuciones del Poder Electoral y denunciando que se encuentra en una situación de “indefensión y violación al debido proceso”. El excandidato Enrique Márquez –quien junto a su aliado, el chavista disidente Juan Barreto y sus redes de izquierdistas anti-maduristas, proveyeron parte de las actas a la oposición– se negó a firmar un documento en la Corte que firmaron los demás candidatos y criticó el proceso.
Mientras tanto, la Fiscalía abrió una investigación en contra de la oposición por la publicación de sus actas en internet –aunque el partido gobernante PSUV hizo lo mismo luego de las elecciones presidenciales del 2013– y otra contra Machado y González por una carta pidiendo a los militares cesar su respaldo a Maduro.
Venezuela en los ojos del mundo
Brasil y Colombia, junto a México, han liderado desde el 28 de julio un proceso de mediación para buscar una solución de la crisis política en Venezuela. Mientras México se ha distanciado recientemente, alegando que espera la decisión del TSJ, los otros dos países han continuado exigiendo la publicación de las actas por parte el gobierno. Incluso, de momentos, los gobiernos de Gustavo Petro y Lula dan Silva han propuesto repetir las elecciones o crear un gobierno transicional de coalición (Machado y Maduro rechazaron estas propuestas). Sin embargo, las llamadas –que ha incluido contactos con Canadá, Chile y Estados Unidos, países que han mantenido líneas abiertamente más criticas al gobierno de Maduro– no han llevado a la formalización de negociaciones oficiales. También, estos gobiernos han sugerido amnistías generales y garantías políticas para las partes en Venezuela. El Wall Street Journal, incluso, reportó que Estados Unidos estaba dispuesta a dar una amnistía a Maduro si dejaba el poder. Sin embargo, el gobierno norteamericano negó esto posteriormente.
“Es la operación política más importante y difícil de este siglo en América”, dijo una de las fuentes sobre las negociaciones a El País de España.
Mientras tanto, Estados Unidos reconoció a González como ganador del proceso al igual que varios países de la región: llevando a la expulsión de siete embajadas latinoamericanas y a la toma de la Embajada de Argentina, donde están asilados los colaboradores más cercanos de Machado, por parte del gobierno de Brasil que ahora ofrecerá protección a los opositores refugiados. De hecho, la Unión Europea, Reino Unido y casi todos los países del continente americano han exigido que el gobierno de Maduro muestre las actas: algunos, como Argentina y Perú, incluso han reconocido a González como presidente electo. De hecho, los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) –tras un primer intento fallido por falta de votos suficientes– recientemente votaron en consenso por una resolución exigiendo a Venezuela mostrar las actas y tomando nota de la situación de derechos humanos en el país. Por décadas, no se había logrado un consenso en la OEA en torno a Venezuela. De hecho, incluso algunos aliados tradicionales del chavismo –como Cristina Kirchner y Alberto Fernández de Argentina– han exigido públicamente que el gobierno de Maduro publique las actas.
Los dos observadores electorales oficiales invitados por el CNE, el Centro Carter y el Panel de Expertos de las Naciones Unidas (ONU), también han puesto dudas sobre el proceso. El Centro Carter anunció que las elecciones no cumplieron estándares internacionales de integridad y no pueden ser consideradas democráticas. “Los esfuerzos se vieron socavados por la total falta de transparencia del CNE al anunciar los resultados”, dijo. El panel de la ONU, que decidió publicar su reporte al público aunque este sería originalmente solo presentado a las autoridades venezolanas, dijo que la gestión de los resultados electorales en Venezuela no cumplió con los estándares de transparencia necesarios para ser creíbles. Previamente, el secretario general de las Naciones Unidas pidió “transparencia total” con resultados y animó a las autoridades en Venezuela a que “publiquen a su debido tiempo los resultados y el desglose por colegios electorales”. La Misión de Observación Electoral de Colombia, también, reconoció las actas que dan a González como ganador.
Mientras la izquierda regional se aleja del chavismo, los resultados del CNE han sido reconocidos por Rusia, China, Irán, Cuba, Bolivia y varios países de África, Asia y el Medio Oriente.
Una escalada represiva sin precedentes
Tras los resultados dados la noche del 28, se registraron cacerolazos y protestas espontáneas en todo el país: sobre todo en áreas populares. De hecho, el think tank Laboratorio de Paz geolocalizó al menos 210 protestas durante el lunes 29 de julio. La ola de protestas, además, llevó a que los manifestantes destruyeran al menos ocho estatuas de Hugo Chávez.
El gobierno de Maduro –que respondió con militarización de sectores como Caricuao, Petare y 23 de enero y estableció alcabalas en todo el país– acusó a los “comanditos” de la campaña opositora de estar detrás de la revuelta. Desde entonces, las acusaciones del gobierno se han expandido para incluir a una serie de actores crecientes que incluye al gobierno de Estados Unidos, grupos narcotraficantes, sectas satánicas, Elon Musk, Javier Milei y empresas como Whatsapp y TikTok.
Para el lunes 18 de agosto, el Foro Penal contabiliza 1503 detenidos: la gran mayoría hombres jóvenes, según la ONG. Es la mayor escalada represiva en la historia de Venezuela, descrita como “terrorismo de estado” y “violencia institucional” por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La oposición –desde el 28 de julio– ha convocado tres grandes convocatorias en Caracas con sus respectivas concentraciones paralelas por la diáspora en el exterior. Algunas han sido reprimidas con bombas lacrimógenas, como sucedió primero en Cagua y Cumaná –el 3 de agosto– y luego en Maracay el 17 de agosto. González y Machado se mantienen resguardados, aunque Machado ha aparecido en las concentraciones: usualmente apareciendo de forma sorprendida desde el público y cubierta con un suéter de capucha que luego se retira.
Las detenciones han incluido más de una veintena de militantes de Primero Justicia, Vente Venezuela, Voluntad Popular, Acción Democrática, Encuentro Ciudadano, La Causa R, Copei y Un Nuevo Tiempo. Entre estos está el excandidato a gobernador de Barinas Freddy Superlano, el activista Roland Carreño (quien había sido recientemente liberado tras años en prisión), la líder regional María Oropeza y el exdiputado Williams Dávila. También, al menos tres alcaldes opositores han sido detenidos en Tinaquillo (Cojedes), Urdante (Trujillo) y Mejía (Sucre). Entre los manifestantes –muchos acusados por miembros de redes del PSUV, incluso por medio de una aplicación digital llamada Venapp– hay una mujer que escribió la palabra “Libertad” con harina de la caja CLAP y un hombre por vender franelas con la imagen una estatua de Chávez destruida por manifestantes. El camión utilizado usualmente por la oposición también fue decomisado el sábado. Incluso, días después de la elección, se vandalizó la sede de Vente, el partido de Machado. En el 23 de enero, en Caracas, se reportó que grupos simpatizantes del chavismo marcaron con una X las casas de opositores.
“Pero más allá de las conclusiones, la sensación que se impone es el miedo”, dice El País de España, “Los políticos están herméticos. Las entrevistas quedan canceladas. Las personas del entorno de los líderes cambian de teléfonos. Hay una enorme reserva en los grupos de WhatsApp; escasean las conversaciones por Zoom. La policía acosa a ciudadanos buscando datos en sus teléfonos móviles. Testigos y miembros de mesa son acosados judicialmente”. De hecho, al menos dos miembros de ONG –Edni López, una trabajadora humanitaria, y Yendri Velásquez, un activista LGBTQ– fueron detenidos temporalmente en el aeropuerto de Maiquetía. Una periodista de un medio ecuatoriano también fue temporalmente detenida luego de cubrir una concentración de Machado.
Posteriormente, la Asamblea Nacional aprobó finalmente la ley para regular las ONG que las obliga a ajustar estatutos y a revelar quienes son sus miembros, donantes, activos, entre otra información. Según los críticos, la ley podría traer el cierre de las ONG en Venezuela.
Silencio mediático
“Hoy escuché en la radio decir: ‘Nuestra programación de hoy será 100% música, porque la música es un refugio, un lugar seguro’”, dijo el economista Omar Zambrano después de las elecciones. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), al menos cuatro periodistas detenidos han sido imputados por terrorismo. También, la sede del medio regional El Caroreño fue allanado por el DGCIM. Según el SNTP, al menos 40 empleados de VTV –el canal público venezolano– fueron despedidos por poseer contenido pro-opositor en sus teléfonos. Los medios, incluso, han recurrido a presentadores de noticias hechos con inteligencia artificial para no exponer a sus reporteros.
El gobierno venezolano, además de atacar públicamente a Whatsapp y otras redes sociales, ordenó bloquear Twitter en Venezuela. Otras páginas web y aplicaciones, incluyendo la aplicación de chat Signal, también han sido bloqueadas. “El problema de fondo es que WhatsApp es la plataforma que usó la gente para diseminar eficientemente información de manera horizontal”, dice el activista de derechos humanos Rafael Uzcátegui, “Quieren neutralizar la capacidad autonómica de la población”.
La producción petrolera se mantiene estable, las exportaciones colapsan
Según fuentes secundarias, la OPEP reportó la producción de Venezuela en 852.000 barriles por día (bpd) en julio. La fuente oficial reporta 928.000 bpd. Ambas fuentes reportan un ligero incremento, de entre 5000 y 7000 bpd, desde junio. Sin embargo, las exportaciones petroleras cayeron un 26% a 585.600 bpd en julio, el segundo nivel mensual más bajo de este año, debido a apagones que afectaron a los mejoradores y estaciones de mezcla.
Se espera que la agudización del conflicto político ralentice el consumo y dificulte las posibilidades de crecimiento de la economía. “La crisis venezolana es estructural y tiene una base de destrucción institucional y de contrapesos sin precedentes”, dice el economista Asdrúbal Oliveros, “No hay ninguna garantía de mejora sostenida aún sin sanciones, sin resolver el problema de fondo.”