Bellum Bodegonicum: la burbuja revienta
Mi más reciente nota para Caracas Chronicles traducida al español.
Esta nota fue originalmente publicada en inglés como “Bellum Bodegonicum: the Bubble Pops” en Caracas Chronicles.
Poco después de que cerrara el Hard Rock Café original de Caracas en 2020, su locación en el centro comercial Sambil se transformó en la segunda tienda de Bodegón Actual, uno de los primeros bodegones en vender productos importados en dólares en 2018. Decorado con una decoración pop, y con entrada propia, el megabodegón englobaba 900 metros cuadrados de puestos repletos de Nutella, trillones de tipos de jarabe Hershey's, productos Kellogg's y cualquier brillante baratija de plástico traída de Miami: una ciudad que parecía ser la aspiración de esa nueva Caracas dolarizada—como lo muestran las docenas de palmeras datileras que se plantaron simultáneamente en hileras en la autopista detrás del Sambil . “Si no es el primero, igual hay razones más que suficientes para ubicarlo en la cima”, escribió la Revista Producto en octubre de 2021, aparentemente eufórica por el entonces prometedor cambio económico: “Por los montos que factura mensualmente. Por los containers de mercancía que llegan semanalmente a su puerta. Por los depósitos (una docena, en total) que ha tenido que alquilar para guardar sus productos”.
Dos años después, Hard Rock Café está de vuelta en Caracas, en una nueva ubicación, y el Bodegón Actual del Sambil cerró.
La burbuja ha estallado. MoDo , donde hace un año los jóvenes caraqueños se apiñaban alrededor de sus puertas todos los jueves por la noche para rogar a los guardias que los dejaran entrar, ahora parece medio vacío. Salvaje —el local caraqueño de la cadena internacional de restaurantes, que albergó una polémica fiesta de cumpleaños repleta de extravagantes figuras afines al chavismo— ha recurrido a ofrecer menús enjecutivos. Los precios desorbitados de Altum, el restaurante colgante, han bajado. Abundan los informes de despidos del espacio de lujo.
De hecho, el consumo está cayendo en Venezuela. “La recuperación del consumo en Venezuela en los dos últimos años era parcial o enfocada en un segmento limitado de la población” de alrededor del 40%, dice Asdrúbal Oliveros, director de la firma de consultoría e investigación Ecoanalítica , “Personas con alto poder adquisitivo, trabajadores por cuenta propia, trabajadores que recibían salarios dolarizados o indexados al dólar y una parte del sector informal.” De hecho, si bien el consumo privado creció por encima del 10% en 2022, según Ecoanalítica, la tasa se desaceleró a medida que avanzaba el año: de 16% en el primer semestre a alrededor de 8-9% en el segundo semestre.
Y en los últimos meses, el consumo ha decrecido en torno a un 4% respecto al año pasado, según la firma. Oliveros espera que una leve recuperación en abril pueda impulsar un aumento del 5% en la tasa de consumo de este año, una cifra positiva pero aún la mitad de lo que fue el año pasado. El desplome del consumo –la Asociación Nacional de Automercados registró una caída del 26% en el consumo de los supermercados entre diciembre y enero, por ejemplo– ha sido empujado por lo que se ha calificado como el frenazo económico (una parada económica repentina) causada por una aceleración de la inflación tanto en bolívares como en dólares y una pérdida considerable de valor en el bolívar desde el verano pasado. La inflación interanual en bolívares pasó de 150% a principios de 2022 a alrededor de 500% en la actualidad, dice Oliveros, mientras que la inflación interanual en dólares pasó de 40% a 55%. Solo en febrero, dice el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación rondó en torno al 20%.
Estas tendencias, que estallaron el pasado verano y se acentuaron a finales del año pasado , han supuesto una importante pérdida de poder adquisitivo. Según Ecoanalítica, el porcentaje de venezolanos con salarios que oscilan entre 0 y 100 dólares pasó del 30% en julio al 53% en diciembre: un desplome de los ingresos.
La pérdida de poder adquisitivo y la disminución del consumo ha afectado a una economía comercial con más oferta que demanda. A fines del año pasado, más de 200 nuevos restaurantes habían abierto en Caracas según el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes. Sin embargo, la Cámara ahora estima que entre el 60% y el 70% de los nuevos restaurantes podrían cerrar en 2023. Emocionados por el aumento del consumo en 2022, los inversionistas crearon cientos de nuevos restaurantes, bodegones e hipermercados en Caracas y otras grandes ciudades. “Hubo una expansión muy fuerte de la oferta a pesar de las limitaciones de crecimiento en la demanda”, dice Oliveros, “con la desaceleración, muchos de esos sitios probablemente no puedan ser sostenidos en el tiempo”.
El regreso de las protestas
El aumento de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la disminución de los salarios han llevado a una nueva serie de protestas laborales, en su mayoría lideradas por maestros del sector público, pero que también incluyen a otros trabajadores del sector público, jubilados y pensionados, desde el 9 de enero. Incluso los trabajadores de las industrias básicas de Guayana, como la empresa siderúrgica nacional Sidor, se han sumado a huelgas y cierres de carreteras. Mientras el salario mínimo se ha mantenido estático desde hace un año (130 bolívares o alrededor de $5 en la actualidad), la canasta básica de alimentos se ubicó en enero en $486,87 según datos del centro de investigaciones Cendas–FVM .
“Ellos [el gobierno] son unos sinvergüenzas que andan en carros de 50 mil dólares y uno anda a pie con los zapatos rotos. A los transportistas, a las amas de casa: ¡Salgan a la calle!”. dijo un sindicalista en una protesta reciente frente al Ministerio del Trabajo, donde desfilaba un ataúd falso que decía “Q.E.P.D. salario mínimo” y se arrojaban al aire viejos billetes de bolívar.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en enero se registraron 1262 protestas a nivel nacional: un aumento del 136% en comparación con enero de 2022. Febrero solo registró 762 protestas, casi en su totalidad enfocadas en temas laborales, lo que aún representa un aumento del 19% en comparación con febrero de 2022. Aunque las protestas comenzaron a disminuir constantemente después de 2019, bajando hasta la mitad de la tasa de ese año, el número anual comenzó a aumentar lentamente desde el año pasado: cuando, a mediados de año, Venezuela experimentó una primera ola de protestas laborales lideradas por maestros. Asimismo, según encuestas de More Consulting, el porcentaje de venezolanos que perciben su situación económica mejor que el año anterior pasó de 52,2% en mayo de 2022 a 35,7% en enero de 2023: cuando 64,3% dijo estar en peor situación. La estabilidad social de la pax bodégonica —término apodado por el politólogo Guillermo T. Aveledo para describir la relativa paz que las importaciones y la dolarización han construido en Venezuela— se está derrumbando.
Si bien las protestas cuestionan las condiciones a través de las cuales el gobierno establece su poder, dice Aveledo, más bien buscan “reivindicaciones sociales dentro del esquema de distribución del Estado actual”, en lugar de cuestionar la legitimidad o los fundamentos económicos del sistema. A diferencia de anteriores oleadas de protestas —como las de 2014 o 2017— que exigían derechos políticos y civiles o pedían rotundamente el fin del gobierno chavista, estas protestas se centran en exigir mejores condiciones laborales y salariales: una señal de agotamiento político y desesperación económica.
Según el consultor político Pablo Quintero, para el gobierno “las protestas siempre van a representar algún tipo de presión en el tablero social; un estorbo desafiante para el poder, porque eleva los costos políticos de cómo el gobierno gestiona la protesta”. Por ejemplo, si responde o reprime. De hecho, mientras algunos líderes sindicales han sido detenidos y otros han sido hostigados, el gobierno de Maduro ha tenido cuidado de no responder con la represión violenta que empleó contra las protestas políticas de la última década. “No queremos escuchar al pueblo, ¿Vamos a esperar a que nos den una coñazo?”, preguntó incluso una diputada chavista suplente antes de criticar a otros legisladores chavistas por las lujosas camionetas que conducen.
A pesar de las impactantes imágenes –por ejemplo, un grupo de maestras con fajas de reinas de belleza que dicen "Miss Salario Justo" y "Miss Sin Gasolina" solo unos días después del Miss Universo– y la proliferación de protestas de maestros, la oposición política no ha aprovechado el momento. “Mientras los empleados del sector público se dedican a organizar y ejecutar las primeras protestas masivas en años, políticos de la Plataforma Unitaria se sientan en Zoom”, escribió Luis González en su Substack , “Es casi incomprensible ver lo poco que han hecho [los politicos y partidos de oposición] para integrarse a los movimientos populares existentes y aprovechar el descontento generalizado del momento.”.
Pero las protestas –aunque no están relacionadas con la oposición política, que compite contra sí misma a medida que se acercan las primarias, y no piden el fin total del gobierno chavista– están causando malestar en el partido gobernante. Por ejemplo, la ministra de Educación dijo recientemente que no firmaría “acuerdos leoninos [de contratación colectiva]” y que el gobierno “ahorita” no tenía dinero para pagar salarios más altos a los maestros y otros trabajadores públicos. De hecho, el nuevo bono “contra la guerra económica”, por ejemplo, apenas cubre ocho o nueve productos de los 88 que componen la canasta básica. Ahora, algunos líderes sindicales han pedido una “radicalización” de las protestas.
Y la ministra podría tener razón. Según Oliveros, el Estado venezolano ha perdido su capacidad de implementar políticas públicas —ya que el gasto público cayo4 del 50% del PIB en 2012 al 13-15% diez años después, según Ecoanalítica— y se ha convertido más bien en una entidad limitada a la “represión y control social que de multiplicación y crecimiento”, que en realidad podría obstaculizar a través de sus políticas y gestión de servicios públicos. Ni siquiera su voraz apetito fiscal es suficiente: según estimaciones de Ecoanalítica, los ingresos fiscales representaron sólo entre el 6% y el 7% del PIB el año pasado. Pagar $500 al mes a los 5 millones y medio de empleados públicos representaría un costo de $33 mil millones de dólares al año, dijo recientemente a Voice of America el profesor y economista del IESA Andrés F. Guevara. Para ponerlo en perspectiva: el PIB actual de Venezuela se estima en alrededor de $60 mil millones de dólares.
Estas condiciones financieras críticas han llevado al Estado a perder “la capacidad y disposición” para pagar mejores salarios a los trabajadores públicos. Para Oliveros, el estado podría aumentar los salarios del sector público a unos 40 o 50 dólares mensuales si hay un repunte económico en abril, lo que podría calmar las protestas. “Pero a medida que haya episodios agresivos de inflación y devaluación, ese salario se va a diluir, los empleados públicos van a volver protestar y habrá un círculo vicioso”, dice. “Hasta que no se haga una reforma profunda del Estado venezolano, que parta también de un nuevo modelo para la economía, lamentablemente ese problema no creo que se resuelva”, explica, y se irán talentosos profesionales de la salud, la investigación y la educación. Instituciones públicas. “Es una dinámica bien negativa para el país”.
Bellum bodegonicum*
Los reveses económicos, mientras la producción petrolera de Venezuela cayó casi un 4% entre enero y febrero y el nuevo presidente de PDVSA paralizó la mayoría de las operaciones de exportación para auditar el sistema, también han producido una inesperada guerra interna entre facciones del chavismo. En días pasados, Tareck El Aissami —exvicepresidente y, hasta la semana pasada, figura bastante poderosa dentro del oficialismo— renunció a su cargo como ministro de Petróleo en medio de una purga relacionada con acusaciones de corrupción en la petrolera estatal Pdvsa en la que han caído varios de sus aliados. Al menos 21 personas –desde testaferros, diputados chavistas, oficiales y magnates de la construcción– han sido detenidas por lo que originalmente se describió como la “desaparición” de 3.000 millones de dólares de PDVSA. Sin embargo, Reuters descubrió que la larga cadena de turbios intermediarios de PDVSA para evitar sanciones dejó a la empresa con 21.200 millones de dólares en cuentas por cobrar pendientes desde 2020: alrededor del 84% del valor total de los envíos facturados por la empresa.
“Debido a las sanciones a Venezuela y Rusia, Pdvsa tiene serias dificultades para cobrar el petróleo y depende de una amplia red de intermediarios; que se quedan con una buena parte del ingreso. A eso súmele el descuento en la venta de crudo para competir con otros proveedores.”, tuiteó Oliveros, “En suma, Venezuela deja de percibir una parte importante del flujo de ingresos petroleros. Además de un incremento de la corrupción, pues no hay manera de controlar a todos los intermediarios. Por eso, la purga que vemos actualmente.”. Y ahora sabemos que PDVSA –sancionada– no solo ofrece grandes descuentos en los precios, vendiendo una cantidad de crudo mucho mayor a lo que termina cobrando, sino que pierde gran parte de sus ingresos a manos de una gran red de intermediarios.
El optimismo de 2022, cuando Estados Unidos envió una delegación a Venezuela para asegurar el flujo hacia el norte del petróleo venezolano tras la invasión de Ucrania, se ha desvanecido. Mientras Maduro —junto a El Aissami— aseguró en marzo de 2022 que la producción de Venezuela ascendería a 2 millones de barriles por día (bpd) “llueva, truene o relampaguee” ese año, la producción del país hoy en día es inferior a 705.000 bpd. Incluso Chevron, que recibió una nueva licencia con mucho bombo el año pasado, está alcanzando el techo de producción posible en Venezuela debido al riesgo político y la logística limitada del país.
El Aissami, de hecho, podría representar un revés para las reformas económicas. “El chavismo nunca ha sido monolítico”, dice Oliveros. Para él, hay grupos antimaduristas radicales que creen que las reformas son una traición al legado de Hugo Chávez, hay grupos —que incluye a la facción de El Aissami— que quieren reformas más rápidas apalacandose en la la dolarización y hay grupos, que incluye a la facción de Delcy Rodríguez, “que son más escépticos y críticos con la dolarización, probablemente influenciados por los exministros de [Rafael] Correa” que ahora son asesores del gobierno venezolano. “Parece que este último grupo es el que más ha avanzado y por lo que estamos viendo una especie de freno, de intentar deshacer los avances de la dolarización”, dice. Por ejemplo, el impuesto IGTF sobre las transacciones en dólares.
En la frágil economía de Venezuela, dice, tales políticas “ponen más presión o aceleran la caída de la economia”, revirtiendo el vigor que trajo la dolarización. Si bien Olivares cree que el gobierno “seguramente” seguirá mostrando algo de pragmatismo económico y seguirá dando espacio al sector privado, la insistencia en impulsar la rebolivarización de la economía y continuar con una política cambiaria y monetaria “errática” solo generará más inflación y devaluación, “con resultados muy negativos para la economía”. Sin reformas, los sueños de un “modelo chino” en Venezuela, promovido con entusiasmo por empresarios optimistas en los últimos años, se han derrumbado. Cuento chino.
En Caracas abunda el simbolismo. Las palmeras datileras que se trajeron a fines de 2021 para decorar las carreteras, al estilo de Miami, ahora están siendo removidas. De hecho, el constructor de muchas de las nuevas torres vacías que coronan el rico distrito de Las Mercedes en Caracas, el hombre detrás del horizonte de cristales azul y paredes eléctricas de esta extraña tierra nueva, se encuentra entre los detenidos en la purga de PDVSA. El modelo “llegó al techo prematuramente”, dice Olivares, “el freno a la dolarización lo adelantó”.
*Otro término acuñado recientemente por Guillermo Tell Aveledo